lunes, 4 de julio de 2011

Coleccionistas de ausencias


Seguramente el absentismo en el mundo del trabajo es uno de los problemas más difíciles de abordar por su complejidad. Se trata de un fenómeno que tiende a la opacidad y la ocultación, al frenesí dialéctico y la controversia permanente. Cuesta incluso definirlo, identificar sus causas y evaluar sus consecuencias.

Cuando el absentismo es objeto de reflexión en la Administración pública se reproducen todos los tópicos alimentados, entre otros, por el genial Forges cuando representa al funcionario como un gandul que se ha sofisticado en su ocio y refugiado en el alambique artificial del procedimiento. Un estereotipo reforzado también por la famosa ley de que '"cada empleado público acomoda su rendimiento al de su colega que, cobrando igual, trabaja menos'. En definitiva, una visión insultante, generalista y carente de rigor porque todos conocemos empleados públicos que salvan vidas, prestan seguridad, educan a nuestros hijos y tramitan con eficacia nuestros asuntos. A partir de ahí, reconocida y dignificada la función pública, debemos admitir que en nuestra Administración pública tenemos un grave problema de absentismo y tratarlo sin los miedos atávicos que casi conlleva su simple enunciado.

Antes de nada conviene establecer un criterio de medición compartido por los diferentes agentes implicados, universalizando los conceptos que integran el absentismo y poniéndolo en común en todos los ámbitos de la Administración.

El acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de la Administración Pública Vasca (decreto 83/2010) contempla en su título IV una amplia relación de causas y motivos por las que, de forma justificada, los funcionarios o empleados públicos de la Administración de nuestra comunidad y de sus organismos autónomos tienen derecho a solicitar los correspondientes permisos para no acudir al trabajo o ausentarse del mismo. El ejercicio de estos derechos, cuando ya se disfruta de una jornada anual de trabajo bastante corta y unas políticas de conciliación familiar y social pioneras, representa un porcentaje cada vez más importante del coste salarial que ha de afrontar nuestra comunidad, siendo una fuente de problemas organizativos y de posible merma de la calidad de nuestros servicios.

El coste del absentismo generado por el ejercicio de estos derechos es de difícil estimación presupuestaria, pero resulta cada vez mayor, evidenciándose en los últimos años el creciente volumen de contratos de acumulaciones de tareas y sustituciones. Por otro lado, aunque la mayoría de estos permisos tienen sus hechos causantes perfectamente descritos y acotados en su duración, hay otros permisos cuyo ejercicio, al menos en lo que se refiere a su duración, es de difícil control y, en múltiples ocasiones, queda sujeto a la buena voluntad del empleado público. Es el caso de las bajas por enfermedad y accidente no laboral.

La importancia de su coste, la calidad del servicio que nos demandan los ciudadanos y unos principios éticos de buen gobierno nos exigen el establecimiento de un sistema de control, análisis y evaluación de la incidencia que en cada departamento de la Administración tienen todas y cada una de las modalidades de permiso, sean retribuidos o no. Con la definición e implantación de un sistema de control no se pretende recortar el ejercicio de estos derechos, sino garantizar que se recurre a ellos de forma justificada.

Además, este sistema de gestión nos permitirá contar con una herramienta para una mejor estimación presupuestaria de su coste, y para aplicar medidas organizativas tendentes a mantener la calidad de los servicios.

En algunos casos, la aplicación de cualquier sistema de control no va a corregir, por sí mismo, algunos abusos, como es el caso de los altos índices de absentismo que se vienen dando en la Administración general y sus organismos autónomos por las bajas de enfermedad y accidente no laboral. En consecuencia, habremos de aplicar mecanismos adicionales a los ya existentes de reconocimiento y control médico, que se revelan insuficientes, y que desincentiven la reiteración y la presumible excesiva duración de las bajas. Resulta imprescindible estudiar la mejora de los canales de comunicación existentes entre los servicios de prevención, la atención primaria y la inspección médica. Ha llegado el momento de plantearse la transformación del modelo público de auxilio cuestionando, entre otras cosas, los complementos económicos de baja por enfermedad para los casos de absentismo menos justificables, sin penalizar en ningún caso a aquellos empleados que desgraciadamente caen enfermos y deben recuperar su salud, lo que sin duda prevalece sobre cualquier otra consideración.

Somos conscientes de que las decisiones que tomemos en esta materia no deberían ser fijadas de forma unilateral, pero, si el consenso no es posible, es nuestra responsabilidad ponerlas en marcha y lo haremos. Se lo debemos sin duda a la sociedad vasca para la que trabajamos.

En todo caso, pretender corregir el problema del absentismo en la Administración pública sólo con medidas de control coercitivo que aseguren únicamente la presencia física en el puesto de trabajo es una quimera y una ruina. La presencia no implica por sí misma eficacia ni calidad. Estimular el 'presentismo' con trabajadores desmotivados y emocionalmente ausentes pudiera acarrear efectos tan perversos como los que se pretenden evitar. En definitiva, cualquier actuación en este ámbito requiere la decidida voluntad por parte de todos los actores políticos, sindicales y personales. Una voluntad basada en la firme creencia de que la Administración pública debe convertirse en uno de los principales motores de progreso y desarrollo de nuestra sociedad.

Fuente: El Correo

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