viernes, 12 de noviembre de 2010

Publicidad intrusiva: ¿Dónde está el límite legal a las llamadas y correos?

Ofertas, promociones, solicitudes para adquirir nuevos productos y servicios... El buzón de casa, o el electrónico, y el teléfono móvil son algunos de los destinos con los que las empresas nos bombardean con publicidad intrusiva. ¿De dónde obtienen estos datos? ¿Se puede evitar que sigan enviándonos ofertas? ¿Dónde está el límite?

Por: María Domínguez

La mayor parte de los contratos que firmamos implican el envío de información publicitaria y la cesión de los datos a empresas del mismo grupo, tal y como explica Miguel López, secretario general de la Unión de Consumidores de España (UCE) en Galicia. "Cuando, por ejemplo, nos hacemos socios del club de una cadena de supermercados", comenta, "empezamos a recibir en casa vales descuento de productos que compramos con frecuencia; ello se debe a que analizan nuestros hábitos de compra".

Y toda esa información es transmisible a otras empresas del mismo grupo, a no ser que el usuario cancele sus datos; para ello, puede acudir a la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). Si los envíos o las llamadas siguen produciéndose después de que el consumidor haya pedido su cese, esa práctica es denunciable.

También se puede especificar claramente en el contrato (en la casilla correspondiente) que no se desea recibir información comercial.

La clave, una vez que la publicidad empieza a llegar, está en decir basta. Como explica Rubén Sánchez, portavoz de Facua, "cuando el usuario ha dicho expresamente que no desea que le envíen publicidad, la empresa debe respetar su decisión y, de no hacerlo, puede ser denunciada".

Denuncias limitadas

El número de denuncias se ha triplicado desde 2006 (ver gráfico), animado por la crisis y porque, según fuentes de la AGPD, los ciudadanos son más conscientes de sus derechos que antes. Pero, aun así, pocas personas denuncian.

Muchos factores les desaniman. El primero, según Sánchez, "que los consumidores no saben qué pueden denunciar ni ante qué organismos hacerlo". Se puede acudir a la AGPD y a las autoridades de consumo de las comunidades autónomas.

No es de extrañar que muchos no emprendan el proceso de queja. Las personas que, pese a haber pedido el cese de las llamadas telefónicas, siguen recibiendo publicidad, lo tienen difícil para probarlo. ¿Cómo demostrar que las llamadas son de tipo comercial y no informativo? 

Por si eso fuera poco, muchas compañías llaman desde un número oculto. Una práctica legal, señala Miguel López, de UCE, aunque cada vez menos frecuente, "porque muchos consumidores no contestan a este tipo de llamadas". 

A lo anterior se suma la poca fe en que la demanda prospere y se llegue a recibir una indemnización. De hecho, al usuario sólo lo indemnizan si, a título personal, acude a los tribunales. La denuncia ante la AGPD sólo sirve para que a la compañía se le imponga una sanción. De las 257 denuncias impuestas por estas cuestiones ante la Agencia en el año 2009, sólo fueron resueltas 86 (aproximadamente un tercio) y no en todos los casos se dio la razón al denunciante. 

En opinión de Rubén Sánchez, "la normativa debería fomentar que el consumidor denunciase, ofreciendo indemnizaciones por los daños causados". 

Porque estas llamadas causan un daño, aunque no sea económico. En un concurso organizado por Facua el pasado marzo, el spam telefónico fue elegido como la peor práctica empresarial del año, por encima de otras que conllevan una pérdida económica para el consumidor (por ejemplo, el cobro por atender consultas y reclamaciones).

¿De dónde sacan los datos?

Los datos de los usuarios proceden, en muchos casos, de contratos firmados por ellos mismos, como se ha señalado. En otras ocasiones, las empresas consiguen el número de teléfono y la dirección postal (aunque sin el piso) en la guía telefónica, una práctica legal. Un tema aparte, perseguido por la justicia, es la venta ilegal de bases de datos. 

Cuando se trata del correo electrónico, lo más difícil es saber quién es el remitente. Miguel López señala que muchas de las empresas que envían estos emails lo hacen a través de profesionales informáticos que dificultan su localización. En el caso de que la compañía remitente del envío sea española, o de algún otro país que cuente con agencias de protección de datos u organismos homólogos, se puede denunciar el spam ante éstos; pero, según López, a menudo el correo procede de empresas ubicadas en países que carecen de organismos o acuerdos que regulen estas prácticas.

Las listas Robinson

Según explica Eugenio Ribón, responsable de servicios jurídicos de Ceaccu, una posible solución son las famosas listas Robinson (www.listarobinson.es), gestionadas en España por la Asociación Española de la Economía Digital.

Se trata de un fichero de exclusión publicitaria en el que los interesados que se inscriban podrán seleccionar por sí mismos el medio o medios a través de los cuales no quieren recibir publicidad (correo postal, llamadas telefónicas, correo electrónico, sms o mms). El servicio también permite seleccionar entidades con las que ha mantenido o mantiene una relación contractual para negarse a recibir más publicidad.

Fuente: http://www.eleconomista.es/

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